En febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei promocionó en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, presentada como una herramienta para financiar pequeñas empresas argentinas. Minutos después de su anuncio, el valor del token se disparó de 0,000001 a 5,20 dólares, para luego desplomarse abruptamente. Miles de inversores perdieron sus fondos, mientras que los fundadores del proyecto, que poseían el 70% del circulante, obtuvieron ganancias estimadas en 87 millones de dólares en una maniobra identificada como “rug pull” (tirón de alfombra). El País
Denuncias y consecuencias judiciales
La estafa afectó a más de 40.000 inversores en Argentina y el extranjero. En respuesta, 26 damnificados presentaron una demanda civil por 4,5 millones de dólares contra Milei, su hermana Karina y otros funcionarios, acusándolos de fraude y abuso de autoridad. El fiscal Eduardo Taiano ordenó investigar penalmente al presidente y a empresarios vinculados al proyecto, como Hayden Mark Davis y Mauricio Novelli, por presunta estafa y tráfico de influencias. ElHuffPost
Repercusiones políticas
El escándalo generó una crisis política sin precedentes. La oposición, liderada por Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, acusó a Milei de participar en una estafa piramidal y exigió su juicio político. Aunque la iniciativa no prosperó, dañó la imagen del presidente y provocó una caída en los mercados financieros.
El silencio oficial y la estrategia comunicacional
Tras el escándalo, el gobierno mantuvo un silencio prolongado. La Oficina del Presidente emitió comunicados erráticos y sin relación directa con el caso, mientras que Milei evitó referirse al tema en sus redes sociales. La única voz oficial fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó las críticas como una “bomba atómica” para desestabilizar al presidente.
Conclusión
El caso $LIBRA expone las vulnerabilidades en la regulación de criptomonedas y la falta de controles en la promoción de activos digitales por parte de figuras públicas. La investigación judicial en curso determinará las responsabilidades penales y políticas de los involucrados, mientras que la sociedad argentina enfrenta las consecuencias de una estafa que combinó tecnología, política y falta de transparencia.