En el contexto de un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), secuestraron en el partido bonaerense de La Matanza gran cantidad de medicamentos por una suma millonaria, que eran comercializados de manera ilegal.

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada en la División Denuncias Federales de la PFA, cuyo personal dio inmediato aviso a la División Delitos Contra la Salud Pública de la misma Institución policial. De esta manera, con la anuencia del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Manuel Culottа, Secretaría 11 del Dr. Leonardo Cano, los federales iniciaron las averiguaciones correspondientes.

Como resultado de dichas pesquisas, los efectivos recabaron diversas pruebas, estableciendo que en dos puestos de la feria denominada «Casmma», ubicada en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, se comercializaban libremente medicamentos de todo tipo, incluyendo psicotrópicos. Además, fueron ubicados dos domicilios, uno en la localidad de Villa Luzuriaga sobre la calle Alberto Lartigau y el restante en Isidro Casanova, sobre la calle Lascano, vinculados a los responsables de llevar adelante las maniobras ilícitas.

Con la totalidad de las evidencias puestas a disposición de los magistrados, los mismos ordenaron la realización de cuatro allanamientos sobre los lugares establecidos. Durante las mencionadas mandas, fueron identificados una mujer de 61 años y un hombre de 25, ambos de nacionalidad argentina.

Asimismo, se incautaron gran cantidad de medicamentos por un valor de mercado aproximado que supera ampliamente los 8 millones de pesos, tales como ibuprofeno, calmantes relacionados a operaciones de ortodoncia, amoxicilina, paracetamol, calmantes para dolores y antiespasmódicos estomacales, broncodilatadores, antidiarreicos y antipiréticos, todos en distintos formatos y tamaños.

Los identificados junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 26.524 que regula la Salud Pública y el Comercio Ilegal de Medicamentos.