A partir de datos precisos brindados por quienes participan en las reuniones de transición que se están realizando en distintas áreas del Poder Ejecutivo, desde ATE confirmamos que la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos.

La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro.

Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo Gobierno contempla el despido de miles de estatales es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. No descartamos hacerlo esta semana en algunos organismos. A los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión.

Alentamos a los Consejos Directivos de la Capital Federal y todas las provincias a que realicen plenarios y asambleas de organismos nacionales a los efectos de empezar a evaluar la posibilidad de adoptar acciones tendientes a resguardar todos los puestos de empleo y evitar la desjerarquización de las funciones que cumplen cada uno de los sectores.

La conducción nacional decidió habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, iniciando en las próximas horas un paro de 72 horas en el SENASA. Cabe destacar que, una huelga de 3 días en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria podría frenar todas las exportaciones, a partir de la paralización de los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas, y no vamos a ser responsables nosotros. También, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la Patagonia y otras regiones del país. Esto último pone en riesgo el status sanitario argentino.

Cabe recordar que el Gobierno actual incumplió con el Plan de Regularización del Empleo Público que había sido firmado en la propia Casa Rosada en 2021. Actualmente son más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos.

Está claro que la variable de ajuste vamos a ser los trabajadores. Tenemos que prepararnos para enfrentar un periodo en el que intentarán quitarnos todos nuestros derechos.

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